18 junio 2008
La moratoria en vigor prohíbe la compra de soya procedente de áreas recientemente deforestadas en el interior de la Amazonia o de soya producida de granjeros que utilizan trabajo forzado.
Esta moratoria es el resultado de una campaña de Greenpeace puesta en marcha tras una investigación, publicada en abril de 2006 con el título “Devorando la Amazonia” (2), en la que se revelaba el problema del cultivo de la soya en esta región. La moratoria ha sido extendida ahora hasta julio de 2009.
Algunos productores de soya han estado presionando a Abiove para no extender dicha moratoria debido al incremento de los precios de la soya y la demanda de materias primas del mercado internacional. El argumento de la crisis alimentaria global es usado comúnmente para justificar la deforestación de la Amazonia.
Greenpeace, junto con otras ONG, continuará colaborando con Abiove para reformar la actividad del sector de la soya en la Amazonia. Sin embargo, Greenpeace defiende que la extensión de un año de la moratoria puede no ser suficiente para establecer los controles y herramientas necesarias para asegurar que la producción de soya no suponga más deforestación (4).
Una alianza de empresas europeas, lideradas por McDonald's, Marks & Spencer y Carrefour también se han felicitado por la ampliación de la moratoria y han hecho pública una declaración renovando su compromiso con la Amazonia (5).
En Brasil, las compañías Wal-Mart, Sadia y Yoki también apoyan la moratoria.
La implicación directa del Gobierno brasileño es clave para la creación de un marco esencial para que los productores de soya cumplan la ley (6).
“La moratoria es un éxito de la sociedad civil y la industria de la soya. El Gobierno Federal entra en el proceso ahora y tiene el cometido de registrar y autorizar todas las propiedades rurales de la Amazonia”, señaló en torno al tema, Carlos Minc, ministro de Medio Ambiente de Brasil.
"Inspirándose el éxito de esta iniciativa, el Gobierno brasileño está negociando una propuesta similar para las industrias madereras y ganaderas”.
“Nos alegra que el nuevo Ministro de Medio Ambiente tome un rol tan activo para asegurar la continuidad de la moratoria. Este apoyo de alto nivel supone un respaldo a Abiove y a los comercializadores de soya para convencer a los granjeros de que favorezcan esta iniciativa. También sirve como aviso a quienes siguen destruyendo la selva para que sepan que el mercado va a rechazar su soja”, declaró Soto.
La destrucción de las selvas tropicales es responsable de cerca de la quinta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, segunda fuente de emisión después del sector energético.
El 75 por ciento de las emisiones de Brasil proceden de la destrucción de los bosques, lo que hace de este país el cuarto país emisor de gases de efecto invernadero.
— Greenpeace
(1)Los miembros de ABIOVE y ANEC, incluidas las multinacionales Cargill, Bunge, ADM, Dreyfus y la brasileña Ammagi, son responsables de más del 90% de la comercialización de la soya producida en Brasil.
(3)El 24 de julio de 2006, ABIOVE (Asociación brasileña de la Industria del aceite vegetal) y ANEC (Asociación Nacional de Exportadores de Cereal) anunciaron una moratoria de dos años en la compra de soya procedente de nuevas deforestaciones o de granjas donde se produzca trabajo forzado. El anuncio de moratoria se produjo tras una investigación de Greenpeace que demostró que el cultivo de soya ha llegado a ser una gran amenaza en la Amazonia. Como resultado de la moratoria en octubre de 2006 se formó un Grupo de Trabajo de Soja donde están trabajando ABIOVE, ANEC; comerciantes de soya, ONGs y organizaciones sociales con el objeto de asegurar la implementación de la moratoria.
Para ver los progresos de este grupo de trabajo se puede consultar el Amazon Bulletin en
(4)El 3 de junio de 2008, el INPE, la agencia Espacial Brasileña, mostró que la deforestación de la Amazonia se había alcanzado los mil 423 km2 en abril de 2008, cuando en marzo de 2008 fueron tan solo 145 km2 .
(6)Medidas efectivas para detener la deforestación incluyen un inventario y cartografía de las propiedades agrícolas y sus propietarios; detener la ocupación ilegal de tierras públicas; endurecer las multas por deforestación ilegal; desarrollo económico basado en el apoyo a las actividades sostenibles. El sistema ambiental del licencias de propiedades rurales, un mecanismo que permite a las autoridades realizar un seguimiento de las tierras usando cartografía e imágenes de satélite, debe ser implementado.
